En consonancia con la Ley N° 8896. Esta acción busca asegurar un adecuado asesoramiento legal en todas las áreas gubernamentales, promoviendo la transparencia y la eficacia en la gestión pública.
En este contexto, se destaca la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes aplicables a los profesionales que integran dicho registro, como se detalla en el Anexo II de la resolución. Entre las obligaciones que surgen de la Ley N° 8896 y el Estatuto del Empleado Público, se encuentran:
🔸El deber de prestar servicios de manera eficiente y obedecer las órdenes superiores competentes.
🔸La obligación de guardar discreción y secreto profesional sobre la información obtenida en el ejercicio de su cargo.
🔸La responsabilidad de promover acciones judiciales en caso de ser objeto de imputaciones delictuosas.
🔸La prohibición de realizar actividades que puedan generar conflictos de interés o comprometer la integridad del servicio público.
Asimismo, se hace hincapié en las obligaciones éticas y profesionales establecidas por la Ley del Ejercicio de la Abogacía, que incluyen el respeto a la confidencialidad de la información del cliente y la prohibición de patrocinar a partes contrarias en un mismo litigio.
Con estas medidas, Fiscalia de Estado, afianza su compromiso con la legalidad y transparencia en beneficio de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas.
